Las cárceles de la República Dominicana no tienen nada que enviar a Guantánamo y otras prisiones del mundo, pues de acuerdo al informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en nuestro país persiste la práctica de sacar confesiones a los reclusos mediante la aplicación de torturas físicas y sicológicas.
De acuerdo a un resumen titulado “Balance General de la Situación de los Derechos Humanos en República Dominicana”, los métodos más utilizados por la Policía Nacional son la plancha, la cebolla, la funda, el bate y amenazas directas a familiares, sobre todo a esposa e hijos.
En el informe “Balance General de la Situación de los Derechos Humanos en República Dominicana”, además se destaca el acoso y hostigamiento al que han sido sometidos varios periodistas en lo que va de este año y a la pasividad de la justicia para atender a agresiones cometidas contra varios comunicadores, como la del periodista Vianco Martínez, golpeado por espalderos de un empresario artístico mientras desempeñaba su trabajo.
Asimismo, reseña que más de 2,000 ciudadanos son apresados diariamente en el ámbito nacional, en redadas realizadas sin la participación de un miembro del Ministerio Público, o sin que medie una orden de arresto de la autoridad judicial competente.
Todas estas aberraciones a los principios fundamentales de los derechos humanos reflejan una verdadera vergüenza nacional para la República Dominicana, donde impera una Policía que se aferra a unas insignias, en vez de constituirse en un cuerpo civil, para proteger los derechos de la ciudadanía, no un cuerpo armado, que en vez de paz y tranquilidad es una maquina de muerte, corrupción y protectores de los capos de las drogas.
Una gran mayoría de los generales de la Policía y los cuerpos armados del país, escudados bajos sus insignias, son potentados de grandes fortunas, mansiones lujosas, vehículos y fincas, además de un séquito de humildes cabos y suboficiales policiales. Sin embargo, a la hora de cualquier investigación no pueden justificar sus bienes.
En su resumen titulado “Balance General de la Situación de los Derechos Humanos en República Dominicana”, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, presidida por Manuel María Mercedes, explica que los apresamientos realizados por la Policía Nacional se dan en horas de la noche y, generalmente, en distintos sectores de la capital.
Indica que “a la mayoría de esas personas se les pide o roba sus dineros en los puestos policiales, lo que desnuda el grado de corrupción existente”.
El resumen de fin de año, fue presentado en la conclusión del XII Seminario “Corrupción, Impunidad, Transparencia y Derechos Humanos” realizado en Las Galeras, provincia Samaná, hace referencia sobre el caso específico de Juan Almonte Herrera, miembro del Comité Dominicano de los Derechos Humanos y del Movimiento de la Unidad Dominicana, desaparecido desde el pasado día 28 de septiembre.
Resalta que “el jefe de la Policía, mayor general Rafael Guillermo Guzmán Fermín, declaró a un periódico vespertino que Almonte Herrera había sido apresado en el sector Manganagua, aunque testigos aseguran haberlo visto detenido en la sede central de la Policía”.
Almonte Herrera fue vinculado por la Policía en el presunto secuestro de Eduardo Baldera Gómez, ocurrido el 20 de septiembre de este año. Además de Almonte Herrera, están desaparecidos el señor Hendry Manuel Corporán, desde el pasado 6 de agosto, y un nacional haitiano de la provincia Monte Plata.
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