MANUEL AZCONA
azcona96@hotmail.com
República Dominicana parece estar al borde de un Mini-narco- Estado, tomando en cuenta que el presidente Leonel Fernández Reyna, en Cancún, México calificó al narcotráfico como una gran tragedia y lo define como “la plaga del siglo XXI” , al entender que es un problema muy complejo y complicado que va a requerir de la cooperación entre todos, para poder enfrentarlo.
Sin embargo, resulta que el asesor en materia de drogas del Poder Ejecutivo, el prestigioso abogado doctor Marino Vinicio Castillo (Vincho), denuncia en el país que dentro de la estructura gubernamental se ha producido una situación de enfrentamiento por parte de grupos a los que les molesta la posición que él ha asumido frente al crimen organizado y al narcotráfico.
En realidad el crimen organizado y en narcotráfico tiene el control de facto en gran parte de la República Dominicana, mientras los ejemplos abundan a borbotones, como el caso de las ejecuciones de los siete colombianos en el tumbe de drogas de Paya Baní, a cargo de oficiales de la Marina de Guerra y otros organismos de la seguridad del Estado, así como el asesinato del coronel Amado González y González, la ejecución del lugarteniente del capo boricua llevada a cabo en el parque del supermercado Carrefour, en la autopista Duarte, la fuga del narcotraficante Figueroa Agosto y Sobeida Félix Morel, sin contar las demás ejecuciones selectivas realizadas por sicarios por encomienda del narco.
El actual panoramas que vive República Dominicana indica que las estrellas e insignias se imponen por encima de las investigaciones que llevan a cabo las autoridades judiciales sobre la red de narcotraficante y el crimen organizado en el país.
El jurista, quien también es presidente de la Comisión Nacional de Ética y Combate a la Corrupción, advirtió que en el país hay trastornos y dificultades, porque existen muchas cosas peligrosas merodeando.
A su juicio, aquellos que tienen responsabilidad con el crimen organizado deben correr su suerte, porque no puede haber “vacas sagradas. El jurista y funcionario gubernamental dice no deroga cuestiones de principios.
“Le he advertido, presidente (Leonel Fernández), el pueblo lo está eligiendo a usted, tenga cuidado que hay grupos muy peligrosos dentro de la administración, gente que está haciendo diabluras, que no fue elegida por el pueblo”, comentó.
Al parecer algo huele mal en Dinamarca, pues el Procurador General de la República, Radhamés Jiménez Peña, confirma la existencia de una campaña de descrédito para dañar las investigaciones sobre la red que dirigía el fugitivo narcotraficante puertorriqueño, José David Figueroa Agosto.
A juicio del funcionario, es la forma más expedita de desacreditar a los investigadores que llevan las pesquisas del fugitivo, y sobre todo a la Fiscalía del Distrito Nacional.
Indicó que en el transcurso de la investigación se determinará si continuarán apareciendo responsables en la red que dirigía Figueroa Agosto, de la cual formaba parte, además, Sobeida Féliz Morel, Mary Peláez Frapier, Ricardo Ivanovich Smester, José Fernando Ibarra, Sammy Dahuajre, Eddy Brito, entre otros.
Resulta que la semana pasada el fiscal del Distrito, Alejandro Moscoso Segarra, había denunciado que los investigadores del caso están siendo objeto de una campaña de descrédito cuando se “coló” a la prensa una lista de personas que habría recibido pagos del prófugo Figueroa Agosto, en la que se incluía el nombre “Dante” , que se dijo era de un ayudante fiscal y luego se aclaró que se trataba de un ingeniero que está siendo investigado.
Lucha contra narco
El presidente Fernández se mostró en contra de la legalización de las drogas. “En absoluto, creo que sería un daño inmenso que se haría en nuestros pueblos”, expresó el jefe de Estado dominicano, mientras aseguraba que no es lo mismo haberse legalizado el consumo de alcohol y tabaco que legalizarse el tema de las drogas.
Explicó que este es un toxicómano que produce efectos nocivos en término de la capacidad volitiva de los seres humanos, y que por tanto es un agente de una potencial peligrosidad para la convivencia con las demás personas en la sociedad.
El Mandatario dijo que tiene que darse una acción más coordinada de los gobiernos para enfrentar este mal. “Sin dudas tienen que darse y eso debe ser parte de lo que discutamos aquí en esta Cumbre de Río”, apuntó.
Indicó que debe de darse una integración también en el combate contra el tema del narcotráfico, el tráfico ilícito de armas, el tráfico de personas, los secuestros, el del dinero, el lavado de activo. Y citó que hay una nueva problemática de seguridad, de geopolítica en América Latina.
Fernández sostuvo que el narcotráfico es sumamente poderoso y que está en todas partes del mundo en sus diferentes modalidades. “Aquí es la cocaína, por el medio Oriente es la heroína; en Asia por igual, pero sin duda alguna que yo diría que es el mayor reto que los pueblos tienen por delante por todo lo que representa para la seguridad de nuestros ciudadanos”, añadió.
Consideró que la idea de hacer una guerra contra las drogas no ha sido real y se complicó más después del 11 de septiembre. “También Estados Unidos y Europa desplazaron su atención hacia Irak y Afganistán y por tanto la supervisión aérea y marítima que se hacía en la zona del Caribe perdió el impulso que una vez tuvo en la lucha contra las drogas”, recordó.
Agregó queel Plan Colombia no ha logrado arrancar el cultivo de la hoja de la coca, y que por el contrario ha aumentado su producción de cocaína.
Dijo que el mercado de las drogas es tan poderoso que mueve cerca de 500 mil millones de dólares al año, y que tiene un poder de compra en todas partes, que ha erosionado a la sociedad.
Colofón del narco
El juez Eddy Olivares afirmó que la Junta Central Electoral (JCE) no dispone de los medios represivos y de investigación para impedir la participación del narcotráfico en los procesos electorales a través del financiamiento ilegal de la campaña política de los candidatos.
Olivares, miembro de la Cámara Contenciosa de la JCE, dijo que esa atribución corresponde a los organismos represivos y de inteligencia del Estado, como la Dirección Nacional de Control de Drogas, la Policía Nacional y el Ministerio Público, éste último a través de la Unidad Antilavado de la Procuraduría, que dirige el procurador adjunto Germán Miranda Villalona.
Sostuvo que la JCE sólo puede intervenir cuando personas vinculadas con este hecho delictual han sido condenadas, que no pueden ser ni candidatos, ni financiadores privados.
“Todo el candidato que se compruebe que ha recibido dineros de una persona que sea condenada por narco podría perder su cargo, aún después de haber recibido su certificado y haber ejercido el cargo, a que podría ser cómplice de conformidad con la ley de lavado de activos”, advirtió.
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